Es evidente en las últimas manifestaciones callejeras de los trabajadores que la gente prefiere obtener algo ahora de los fondos de reserva que esperar quien sabe cuantos años para usarlos. Por supuesto no es algo que ocurre porque la gente no piensa en su futuro. Es algo que se da fruto de la desconfianza del ciudadano común en lo que el seguro social está haciendo con su dinero. Gran escándalo ha causado en la ciudadanía el saber que los fondos de reserva están acumulados en el Banco Central ganando intereses irrisorios. Menos mal son dólares y no sucres pues en estos momentos no serían 580 millones de dólares como dice el gobierno si no quien sabe si 10 dólares al paso al que ibamos en el 2001.
Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que permitir que se obligue a pagar cierta cantidad de nuestro rol de pagos, mas los aportes patronales sería el mejor camino para tener salud y una vejez asegurada.
A veces la realidad es mas cruel que la ficción y la verdad es que la seguridad social en el país está quebrada. No es la primera vez que los fondos para la jubilación son usados como la caja chica del gobierno de turno. No es tampoco la primera vez que se pone en tela de duda la capacidad del IESS en pagar la jubilación de los trabajadores. Ni tampoco es la primera vez que ante la voz de reformas se armen bandos a favor o en contra del seguro social. Sin ir muy lejos hace no mas de un año o dos ante la propuesta del Alcalde Nebot de municipalizar la seguridad social salieron los agoreros del status quo a decir que la propuesta iba destinada a dejar sin jubilación a aquellos ancianos que ya estaban gozando de la misma. Patético y macabro cuadro el que vimos al ser testigos de como estos ancianos que tanto dieron con su trabajo al desarrollo del país luchando con uñas y dientes por jubilaciones miserables de 50 dólares o menos.
Sin embargo es la primera vez que vemos al congreso y a los trabajadores pedir la devolución de los fondos de reserva. Acto sin precedentes en la accidentada discusión sobre la seguridad social, muestra que los vientos de la reforma están finalmente cambiando de dirección. Por supuesto el único que se sigue negando es el beneficiaro directo del programa de ayuda de los trabajadores a las escualidas y mal manejadas finanzas estatales, el banco central y el ministerio de finanzas.
La oportunidad es histórica, pues revela dos cosas. La primera que el ciudadano común prefiere manejar su dinero y no necesita que nadie le de haciendo la tarea. Colchon Bank parecería mejor opción que el barril sin fondos del Banco Central y el Ministerio de Finanzas. La segunda es que aunque a primeras luces si bien la iniciativa del congreso es netamente populista no menos cierto es que el ministerio de finanzas no puede esgrimir mejores argumentos que el hecho por la subsecretaria de finanzas Magdalena Barreiro, Ministra de Economía encargada, "explicó que la devolución del 100 por ciento de los fondos de reserva de manera directa afectará el financiamiento del programa económico del gobierno, con graves consecuencias para la economía para fines de este año y el inicio del 2006." tal como lo reprodujera el diario en linea Ecuador Inmediato. Es decir no se devuelven los fondos por que hay que mantener el sistema de seguridad estatal, si no que con total desparpajo se declara que afecta las finanzas del gobierno. En otras palabras se le quita al gobierno la tarjeta de crédito para gastar. Como para querer justificar la importancia de las finanzas del gobierno hacen el vano esfuerzo de decir que las finanzas del gobierno son las finanzas del país. Yo pregunto, ¿Acaso las finanzas del país no son las finanzas del trabajador tambien?.
¿Ante este dilema existencial que enfrenta la seguridad social cual es la respuesta? Si los trabajadores ya no confían en el seguro social para que guarde sus fondos de reserva con tasas de rendimientos bajísimas y hay la voluntad política de parte del congreso para hacer algo entonces por qué no planteamos cualquiera de las dos alternativas siguientes.
La mas sencilla, desmantelen el IESS y entreguen lo que han cobrado todos estos años a los trabajadores. Para aquello se puede usar los excedentes petroleros famosos e incluso la reserva monetaria, que tal como lo dijo el ministro Correa hace unas semanas en dolarización la reserva es plata guardada debajo del colchón sin uso alguno y que no es necesaria en el esquema monetario que vivimos. Esto no solo sería lo justo si no tambien generaría actividad productiva pues al liberar recursos para los trabajadores estos invertirían dicho dinero en actividades productivas o lo depositarían en el sistema financiero nacional, que está hambriento de recursos para reiniciar la actividad productiva. Esta sería la alternativa simplista y justa.
La segunda alternativa no tan justa, pero que tranquilizaría la ansiedad de aquellos que se preocupan por la ausencia de la seguridad social obligatoria, es un camino a medias. Permitamos la administración privada de los fondos de la seguridad social que seguiría siendo obligatoria. Permitan que los trabajadores decidan si ponen sus recursos en una administradora privada, municipal, sin fines de lucro, con fines de lucro, cooperativa o de cualquier otro índole, siempre y cuando sea sin privilegios ni beneficios para uno u otro sistema y que el trabajador esté en libertad de cambiarse de empresa de seguridad social según lo considere conveniente. La única que desaparecería sería la estatal en un esquema gradual en el cual el gobierno transfiere de a poco lo invertido por los trabajadores hasta ahora en el sistema estatal al sistema que el trabajador haya escogido para la administración de sus fondos. Los únicos que tendrían la opción de mantenerse en el sistema estatal serían los jubilados que ya no pueden seguir trabajando y que el gobierno tiene como deuda social y problema humano proveer dicha jubilación. Estos pensiones jubilares deberían de ser ajustadas a valores mas dignos que los que actualmente se pagan, pero sería un gasto decreciente, pues al no entrar nuevos jubilados al sistema y fallecer los actuales se iría reduciendo la carga en el presupuesto del gobierno en dicho rubro.
Ahora bien dado que las empresas privadas hacen este trabajo porque desean lucrar con la administración de estos fondos, y tampoco pueden hacer lo que quieran con dichos fondos pues pierden clientes si administran mal el negocio, las administradoras de seguridad social se verían obligadas encontrar maneras creativas de hacer que dicho dinero depositado en sus cuentas rinda utilidades que permitan obtener un beneficio a futuro para el jubilado. Para evitar suspicacias en el manejo de los fondos se requeriría que los administradores de los fondos y los inversionistas sean responsables financiera y penalmente del buen manejo de dicho dinero. Para estas empresas no debería de permitirse la constitución de sociedades anónimas con acciones al portador y los administradores serían igualmente responsables que los accionistas en caso de mal manejo, fraude o dolo. El estado debería en lo posible no ser responsable de devolver estos fondos en caso fraude, pero si tendría la responsabilidad de hacer cumplir cualquier resolución judicial (como la confiscación de los bienes de los accionistas o administradores) tendiente a lograr la restitución de dichos fondos en caso de quiebra.
Poco mas o menos así en esta segunda opción es que han venido apoyando las reformas al sistema de seguridad social de dicho país, los gobiernos de la derecha y de la izquierda chilena desde 1982 . Será que nos llegó la hora para este cambio?
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