Ecuador: Estado federal de derecho

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

El esqueleto de la patria, (la división territorial), tiene cáncer y hace metástasis. Ecuador colapsa por el “centralismo burocrático”, (propietario del presupuesto del Estado), que “conquista” (somete) al Congreso, al Ejecutivo y a la justicia. El “centralismo” se aprovecha y lucra del régimen de provincias, cantones y parroquias. ¿Cuál es su justificación económica, social y humana?

La “Provenza” identificaba a los territorios conquistados. La división en provincias, cantones y parroquias, copiada del imperialismo romano, fue impuesta, en la Colonia, por los “encomenderos”. Somos “provincianos” que, según el diccionario, significa mamerto, palurdo, atrasado, burdo, vulgar, ordinario, pueblerino, tonto, de mentalidad y costumbres poco avanzadas.

El centralismo permanece escondido, (pero arbitrariamente activo, deglutiendo las rentas seccionales), en entidades, cuyos integrantes nadie conoce ni eligió por votación popular, pero viven en todos los gobiernos. Nunca rinden cuentas del manejo, distribución, flujos, montos y saldos del dinero que, si no se usan en el año fiscal, desaparecen. De esa oligarquía burocrática dependen la vida, el progreso, la salud, la educación, la seguridad y la paz pública. Causan pobreza y depredan ciudades, pueblos y recintos.

Las autoridades seccionales, para recibir sus cheques, son extorsionadas por los centralistas. Las rentas deben ser recaudadas, administradas e invertidas directamente por el régimen seccional y no por el centralismo. La unidad de la patria peligra por mantener esa estructura obsoleta, injusta y corrupta que atomiza al país. Los pueblos demandan servicios, autonomía, justicia, competencias y obras, que impide el centralismo. La supuesta “solidaridad con las provincias pequeñas” es una falacia.

Cuando fui diputado de la República, (1990-1992) pude constatar que el “centralismo” también perjudicaba a Quito y Pichincha. Sus autoridades, “cruzando la calle”, hacían antesala obligatoria ante poderosos funcionarios, anónimos, para que les devuelvan sus rentas propias.

Y el Alcalde de Quito, el 26 de febrero, dijo “Cómo pueden darle un maltrato de esta naturaleza a Quito que lo único que hace es trabajar por sus propios medios”. Paco Moncayo rechazó el veto (total) a la ley que permite que los municipios asuman, con el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos motorizados, la competencia del tránsito y transporte terrestre. “Nosotros tenemos la semaforización, señalización, gestión del tránsito”. “Tenemos esas competencias y no tenemos los recursos, es decir, es al revés de esa barbaridad que han hecho firmar al Presidente. No saben lo que pasa con Quito”. Ante la crítica del presidente Correa a la concesión del nuevo aeropuerto, Moncayo respondió: “Yo no voy a estar aquí sufriendo por las críticas de nadie...” “Esta es una ciudad que tiene una “autonomía” que le dan la Constitución y la Ley. Que nos dejen trabajar. Si no nos ayudan, por lo menos no nos molesten”. El diputado cuencano Fernando Cordero dijo: “Ignorancia o mala fe”. Es “un golpe bajo a la descentralización.

Hace lo contrario a un Estado eficiente, solidario, moderno y descentralizado Perjudica a Quito, Cuenca, Loja, Otavalo, Manta, Ibarra y Ambato. Es más viable crear regiones autónomas, eliminando las provincias. Esto se haría mediante la asociación de municipios para crear los gobiernos intermedios regionales autónomos”. “El sistema de provincias está caduco”, dijo Fernando Bustamante. El presidente Correa enfatizó: “Me opongo a la provincialización. La autonomía es la solución”.

Las “autonomías” robustecerán las nacionalidades, etnias y diversidades indígenas y autóctonas de la Costa, Sierra y Oriente, pues podrán organizar “su propio” distrito y nombrar sus representantes y autoridades directamente, bajo la nueva división territorial en “Estado Federal de Derecho”.

Cada “distrito” tendría sus propias estructuras legislativas, administrativas y jurisdiccionales, supeditadas a “su” pueblo. La palabra distrito (del latín districtus) se refiere a las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población, administrativa, jurídica o electoralmente para organizar su gobierno y realizar sus servicios administrativos. En lugar de tener una justicia politizada y centralista habría juzgados distritales. El “distrito” permite que los grupos poblacionales estén representados en todas las instancias públicas. En síntesis, la revolución constitucional es el nuevo “Estado Federal de Derecho” que termine con el actual “Estado (seudo) social, legalista”, in jurídico, provinciano, que desorganizó la sociedad e incumplió sus fines.