Publicado originalmente en El Expreso de Guayaquil y el Independent
Hace poco el presidente Correa declaró que la reforma educativa irá desde las escuelas a las universidades. No cabe duda que la crisis moral y el desorden social tienen que ver con cambios seudorrevolucionarios que se dieron en las últimas décadas.
La eliminación de materias fundamentales como Urbanidad, Moral y Cívica y Derecho Territorial (soporte del patrimonio de la patria) del pénsum de estudios (en escuelas, colegios y universidades) han devastado la moral pública y la ética ciudadana. Pese a que su enseñanza es obligatoria en la Ley que, precisamente, yo como diputado logré en 1991 que el Congreso Nacional aprobara, no se cumple.
La reforma educativa debe reiterar que, en primaria y secundaria, se vuelva al estudio de Historia y Geografía, reemplazadas por un vergonzoso y degradante popurrí denominado “ciencias sociales”, generador de ignorantes. Física, Química y Matemáticas deben regresar, tanto más que la tecnología de punta y el acceso electrónico, con navegación dinámica al ciber espacio, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la Internet, imponen su dominio puesto que la telecomunicación móvil, el GPS (localización por medio de 24 satélites que proveen longitud, latitud, altitud e información de tiempo y espacio) son las que ubican a la juventud en la “sociedad de la información”.
¿Es verdad que hay colegios y universidades que venden títulos?, preguntaba Jorge Vivanco. Claro que es verdad. Son centenas los estafados en educación superior. La venta de títulos profesionales, así como la oferta de estudios superiores en mercados tipo college americano, ilegales en el país, y que el Conesup no autoriza ni avala, son “big business”. Decenas de miles de dólares cobran por “la carrera”, para después pedir al Conesup se los “legalice”.
Ninguna fundación educativa, college, o academia puede ofertar estudios superiores. Peor emitir títulos profesionales o grados académicos. Los Arts. 74 de la Constitución Política, 11, 13, 13 literal l), 46, 103 y 104 y disposición general décimocuarta de la Ley de Educación Superior, en concordancia con los Arts. 31 y 47 de su reglamento general, previenen a la ciudadanía sobre ofertas de estudios superiores que no tienen la debida autorización del Conesup.
Pero la audacia sin límite de mercantilistas que presumen ser dueños de universidades, ajenas a sus delitos, usurpan sus nombres, designan a dedo seudoautoridades y rectores ficticios violando procedimientos de designación establecidos en la ley, ofertan estudios superiores, firman títulos profesionales, en inglés. Y lo más grave, sin tener cuarto nivel académico ni tercer nivel profesional ni ser bachilleres pues nunca terminaron la secundaria, es lo “corriente” en Ecuador.
El Art.104 de la Ley de Educación Superior, dice: “Los promotores o representantes de entidades o empresas que promocionen o pretendan ejecutar programas académicos de educación superior bajo la denominación de universidad, escuela politécnica o instituto superior técnico o tecnológico, sin sujetarse a los procedimientos de creación o aprobación establecidos en esta ley, serán sancionados civil y penalmente por infracción contra la fe pública y estafa, debiendo el Conesup disponer la inmediata clausura del establecimiento e iniciar “de oficio” las acciones legales ante los jueces correspondientes. Los actos y contratos que celebren no tendrán valor legal alguno”.
Pero pese a los delitos evidentes, se pretende que la víctima quede en manos del violador o pedir la derogatoria de la Ley de creación de la Universidad usurpada. Cosas de Ripley.
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