La educación superior

Por Rómulo López Sabando

Publicado originalmente en El Expreso de Guayaquil

Según un reciente informe presentado en Berlín por “Transparencia Internacional”, la corrupción es una práctica extendida en Bolivia y Ecuador. El director de programas de Transparencia Internacional en América, Alejandro Salas, dijo que el grado de corrupción varía, pero los ámbitos en los que se impone el soborno a cambio de una prestación son los mismos: la Policía, el sistema judicial, la política, el sistema de salud, la educación y los servicios.

El 27 de agosto el Conesup, (Consejo Nacional de Educación Superior), alertó a la ciudadanía y a los jóvenes estudiantes que, para proseguir sus estudios universitarios, deben matricularse sólo en las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos aprobados legalmente en el Ecuador, y con ello evitar ser perjudicados por universidades falsas y estafas públicas.

Advirtió que, para acceder a programas académicos de nivel tecnológico, pregrado y de posgrado, que el Conesup registre, sólo podrán hacerlo en universidades y escuelas politécnicas creadas por el Congreso Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior. Y los institutos superiores, mediante Resolución con estatutos legalmente aprobados por el Conesup, según lo establece el Art. 76 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el Art. 13, literales a), c) y h) y el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
Si no se cumplen estas condiciones básicas, no pueden funcionar en el Ecuador ni ofertar, legalmente, programas académicos.

Cientos de perjudicados por fundaciones y colleges “tipo americano” inexistentes en Ecuador, están entrampados por ofertas educativas corruptas y falsos títulos profesionales firmados por n.n. que no han terminado la secundaria y que, para ocultar sus estafas, y lucrar programas académicos fuera de la Ley, usurpan universidades e incurren en el delito de estafa tipificado en Art. 563 del Código Penal de conformidad con el Art. 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que dice: “Los promotores o representantes de entidades o empresas que promocionen o pretendan ejecutar programas académicos de educación superior bajo la denominación de Universidad, Escuela Politécnica o Instituto Superior técnico o tecnológico, sin sujetarse a los procedimientos de creación o aprobación establecidos en esta Ley, serán sancionados, civil y penalmente, por infracción contra la fe pública y estafa, debiendo el Conesup disponer la inmediata clausura del establecimiento e iniciar de oficio las acciones legales ante los jueces correspondientes. Los actos y contratos que celebren no tendrán valor alguno”.

Así manda la Ley de Educación Superior que, por ser Orgánica, tiene prelación sobre cualquier otra norma de índole aparente. Según los artículos 74 y 75 de la Constitución Política y 17, 18, 19, 44, 46 y demás normas de dicha Ley, sólo las universidades y escuelas politécnicas, aprobadas previamente por el Conesup y creadas mediante Ley del Congreso Nacional, están facultadas para dar instrucción superior y conferir títulos profesionales y grados académicos.

Tamaña corrupción impide que la inversión en tecnologías de la información (TI) sea aplicable en Ecuador pese a que va por su cuarto año de crecimiento consecutivo, hasta alcanzar $ 42.000 millones. En América Latina, la cifra apenas llega a 1,5% del PIB regional. “Es una proporción menor a la de otras economías emergentes, como Asia Pacífico, que invierte un 2,5%”, dice Ricardo Villate, director de soluciones empresariales de IDC en Miami.