Publicado originalmente en Diario Expreso de Guayaquil
Políticos, intelectuales y gobernantes repiten que somos
inmensamente ricos, en recursos naturales, pero con población
paupérrima y corrupta. Dicen que para combatir la corrupción y llegar
al nirvana del bienestar, el Estado debe robustecerse, con más dinero
para repartir como gran padre benefactor.
La
corrupción no es sólo un problema policíaco ni político. Tiene
múltiples formas y modalidades. Todos los gobiernos y medios de
comunicación realizan campañas para combatirla con programas y acciones
que la atenúan, pero no la erradican. Es un problema de hombres, dicen.
Y que hay que buscar, como Diógenes con su linterna en la mitad del
día, a los impolutos, los éticos, los buenos, pues a los malos,
corruptos y perversos (calificados así por los que autopresumen de
buenos), hay que castigarlos. Sin atinar, se dan palos de ciego, como
jugando a las ollas encantadas. La “presunción de inocencia”, (nadie es
culpable hasta que se lo demuestre) ha desaparecido frente a la
“presunción de culpabilidad” (nadie es inocente hasta que lo pruebe).
Falso que, ante la corrupción rampante, la verdad, el honor, la
bondad, la honradez no tienen cabida y que, por naturaleza, todos somos
corruptos. Por ello, dicen, no funciona la democracia.
Y nada más alejado de la verdad y de la lógica social. El punto
central es que no existe el “Estado de derecho” sino un “Estado de
legalidad”, en el que las “normas jurídicas” murieron para dar paso a
leyes y reglamentos que inventan legisladores y gobernantes,
influenciados por el positivismo, la política y la sociología más que
por el derecho, la moral y la justicia. Por ello, se dice que hecha la
ley hecha la trampa. Y ante tanto trámite, requisito, papeleo,
registro, control, extorsión y dificultades establecidas en las leyes,
la corrupción es una puerta de escape para trabajar. Millones de
ecuatorianos vegetan, se embrutecen y mueren sin desarrollar su
creatividad ni explotar el potencial de talentos con los que podrían
mejorar su vida. Pero, se robustecen los totalitarismos y enriquecen
los gobernantes.
Así, cuando algo es engorroso, oneroso y antieconómico, “la nota” es
que hay que hacerlo “por la izquierda”. Esto es, caer en, la extorsión,
el chantaje, el abuso, la coima ante la inminencia de perder no sólo el
dinero trabajado honestamente sino fracasar en el empeño de producir y
vivir honradamente. Las condenas seudo- éticas son retórica que
estimulan el cinismo, la desvergüenza y el pillaje. Esa forma de
legislar y de imponer la ley altera la vida social. Las personas
comprometen su integridad, pues se afecta a sus costos y se pervierten
sus beneficios. Se evaden las buenas costumbres y la moral. Se alteran
los medios y recursos necesarios para comprar y vender. El tiempo y la
información sufren mella y son parte del costo de las oportunidades
perdidas.
Cuando la Ley impone arbitrios de alto costo y exige demasiados
requisitos, la gente incumple y la evade. La desobediencia adquiere
niveles permanentes. El desacato se convierte en norma y la
informalidad se robustece. Los monopolios del Estado (ineficientes) son
fuente de corrupción. Energía, luz, teléfonos, seguridad social,
combustibles, aduanas. La competencia desleal de los bonos del Estado
destruyó las cédulas hipotecarias. El congelamiento de los alquileres
urbanos hizo de las invasiones el negocio sucio del desarrollo urbano.
Así nacen los barrios miseria, creados por la demagogia y reformas
agrarias que arrasan el área rural. El alto “costo de la legalidad” y
la “ley positiva”, que atropellan al Derecho y marginan a la justicia,
son la causa de la corrupción.
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